MEDIDAS Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE LA LEY DE EMERGENCIA.

A través de la ley 6524/2020, el Gobierno Nacional declaró estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada a causa del COVID 19.

En el marco de la ley se establecieron medidas administrativas, fiscales y financieras como alternativas para el beneficio de la ciudadanía a fin de regular esta situación que tuvo como una de las principales consecuencias, la disminución de los ingresos financieros de todos los habitantes, brindando como solución temporal las siguientes opciones:

BENEFICIARIOS DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: aquellos usuarios que no superen el consumo de 500 kwh por mes (monto aproximado: Gs. 221.000).

Aquellos usuarios de energía eléctrica que superan el consumo de 500kwh: podrán diferir el pago temporalmente y financiar sus deudas con la ANDE.

COPACO, ESSAP, JUNTAS DE SANEAMIENTO, OTROS: posibilidad de financiación con estas instituciones y descuentos especiales para sectores vulnerables y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

CHEQUES: los bancos no podrán aplicar la sanción de “inhabilitación para operar en cuenta corriente, ni cuenta cancelada” a aquellos clientes que han comunicado dentro del plazo establecido (5 días a ser contados desde la promulgación de la Ley Nº6524/2020) las eventuales presentaciones de cheques a la vista o de pago diferido que han librado con fecha de pago que no sea posterior al 1 de julio de 2020. (PASADO LOS 5 DIAS NO SE PODRA BENEFICIAR CON ESTA MEDIDA).

ALQUILERES: los locatarios están obligados al pago de cuanto menos el 40% del valor mensual del alquiler para no ser desalojados hasta el mes de junio de 2020. A partir del mes de julio están obligados a prorratear las deudas provenientes del alquiler en un plazo máximo de seis meses, en caso que esto no se cumpla, sí podrán ser desalojados.

El Poder Ejecutivo, con participación de sectores políticos, económicos y sociales, trabaja en propuestas para una reforma estructural del Estado.

En el decreto de reglamentación de la Ley de Emergencia, se establecerá un recorte adicional de gastos, de alrededor de 52 millones de dólares, con la reducción salarial en el sector público. Los reajustes dispondrán que aquellos funcionarios con sueldos superiores a cinco salarios mínimos tendrán un recorte del 10% en sus salarios, mientras que aquellos que tengan asignados montos superiores a los 10 salarios mínimos tendrán una reducción del 20%. Igualmente se cortan rubros como horas extras, combustibles y otros ítems.

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